En su intento por regular “el moto servicio”, el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Jorge Pérez y Pérez, genera protesta social de este sector.
Además, el riesgo de enfrentar proceso administrativo y judicial por Usurpación de Funciones, al pretender imponer cobro temporal de mil pesos a cada “moto repartidor”, para dejarles operar el próximo año.
Centenas de prestadores de este servicio se manifestaron frente al Congreso del Estado para solicitar que no proceda tal intención.
La presidenta de la Comisión de Movilidad en la XVI Legislatura, Ericka Castillo Acosta, anticipó que no prosperará.
Recientemente el director del Imoveqroo anunció que a partir del 2022 el permiso de operación de “moto servicio” costará mil pesos de apoyo sobre cuatro mil, indicó el asesor jurídico del Sindicato de Moto Repartidores de Chetumal, José Malo Rubalcaba.
Advirtió no surtirá efecto pues legalmente tal servicio no existe, pese al intento del Imoveqroo por catalogarle como transporte.
Como manera de imponer el pago de permisos dicho instituto anticipó la aplicación de multas de hasta 20 mil pesos y aseguramiento de motocicletas.
“No estamos cerrados a la regularización, pero con base a una iniciativa razonable… De proceder las amenazas que anticipa el Imoveqroo vamos a preparar amparos, aunque se torne engorroso para las autoridades, y la protesta social pacífica”, denunció.
Al menos 200 personas dedicadas a esta labor se manifestaron con pancartas afuera del Poder Legislativo para exigir se anule la intención de “regularizarles”.
Fueron atendidos por la presidenta de la Comisión de Movilidad de la Legislatura Local, quien prometió no dejar pasar la acción anunciada por Pérez y Pérez, porque se excede en sus funciones.
Consideró que así el director del Imoveqroo incurre en excesos al tomar funciones que competen exclusivamente al Congreso del Estado.
Toda vez que legalmente no hay manera de encuadrar a “los moto repartidores”, inclusive de manera coercitiva, en el sector de transporte, asentó.
Asimismo, catalogó como inconcebible el querer cobrar multas de hasta 20 mil pesos a quienes operen sin permisos, cuando esa cantidad es mayor al costo de una motocicleta usada para dicha labor.
Lo anterior fue aprobado por la Junta de Gobierno del Imoveqroo, pero de manera unilateral, acusó.
“Vamos a cancelar el cobro en su totalidad pues se fueron más allá de su competencia… Estamos de acuerdo con el cobro, levantamiento de un padrón y la regularización, pero no bajo los términos que pretenden”, sentenció.
Porque ni el tema de la inseguridad y homicidios violentos son argumentos para instaurar lo que pretende el director del Imoveqroo.
De entrada, promoverá un exhorto encaminado a revertir dicho esquema de regularización.
En Chetumal existen aproximadamente 400 “moto repartidores” agremiados en un sindicato mientras que, en toda la entidad, al menos tres mil. (Herlindo Vázquez)
