Un total de 158 quintanarroenses han solicitado un amparo en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que obliga a los usuarios a entregar sus datos biométricos al Gobierno Federal, o de lo contrario sus líneas de teléfono serán canceladas.
Estos recursos legales fueron promovidos a través de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, quienes, en su página oficial, ofrecen formatos gratuitos para ampararse contra esta Reforma a la Ley de Telecomunicaciones promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. A nivel nacional, 2 mil 860 han descargado y usado estos formatos.
El Juzgado segundo de Distrito en materia administrativa determinará si proceden o no.
Al respecto, la diputada local Kira Iris San, presidenta de la Comisión Legislativa de Justicia, sostuvo que este padrón no disminuirá la delincuencia, sino que, al contrario, pone en riesgo a un millón 345 mil usuarios de telefonía celular que existen en Quintana Roo.
«En primer lugar, ya existen ordenamientos para que las autoridades puedan obtener información de personas que se sospeche que se encuentran en actividades ilícitas, por lo que esta reforma era innecesaria. En segundo lugar, es utópico pensar que los delincuentes no utilizarán hackeos u otras maneras de continuar con sus actividades ilícitas», comentó la también abogada penalista.
Explicó que esta reforma del presidente Obrador es violatoria del principio de presunción de inocencia, es antidemocrática y sola la tienen países con regímenes autoritarios como Corea del Norte, China y Venezuela.
«Incluso pone en una situación más vulnerable a la población, ya que ahora estará obligada a dar sus huellas dactilares escaneo de iris, rostro y hasta tono de voz a este padrón. Esta información, hackeada por las organizaciones criminales, facilitaría la extorsión, el secuestro y hasta el fraude, pues se podría tener acceso a las cuentas bancarias que utilizan dichos datos biométricos», sentenció la legisladora.
Recordó que en ocasiones anteriores ya han hackeado el padrón del INE, así como la información de los programas federales, por lo que no es descabellado pensar que estos datos terminen en las manos de los delincuentes.
«Además de que es anticonstitucional, pues la propia Constitución señala en su artículo 16 que nadie puede ser molestado en su persona. Estaremos a la espera de qué sucederá con este tema, muy delicado, por que suena más a un tipo de control autoritario que a la defensa de la población», concluyó.
